Dos funcionarios de la Fiscalía fueron condenados a tres años de prisión por tráfico de influencias

Un secretario y una asistente fiscal fueron sentenciados a tres años de prisión y prohibición del ejercicio de funciones públicas por tráfico de influencias, tras presuntamente haber pedido dinero para beneficiar en una causa a un hombre investigado por un caso de violencia familiar.

Foto Portada: Archivo.

Los ahora condenados son la asistente fiscal del Ministerio Público, Teresita Raquel Rey Saffi, de la ciudad de Lambaré; y el secretario fiscal, Óscar David Amarilla Velázquez, de Villa Elisa.

Ambas personas fueron condenadas a tres años de prisión y tres años de prohibición del ejercicio de funciones públicas por haber sido hallados culpables por el hecho de Tráfico de Influencias.

El agente fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, representó al Ministerio Público en un Juicio Oral donde se logró comprobar los hechos de tráfico de influencias.

El pasado 8 de noviembre, Eulogio Cardozo Dávalos presentó la denuncia contra ambos funcionarios, manifestando que tres días atrás (5 de noviembre) Rey Saffi y Amarilla Velázquez pidieron dinero a su abogada para intermediar en la causa caratulada como “Eulogio Cardozo s/ Violencia Familiar”.

Durante su declaración, el hombre manifestó que el secretario fiscal le envió a su abogada varios mensajes diciéndole que la asistente fiscal quería hablar personalmente con ella, por lo que Favole fue hasta la unidad donde presta servicios y Teresita Rey le habría solicitado la suma de G. 8.000.000, alegando que el monto fue lo solicitado por Ávalos para darle la salida de criterio de oportunidad en la causa.

El testimonio fue ratificado también por la defensora Cristel Favole, quien agregó que la asistente fiscal le señaló que solo podía aceptar hasta G. 5.000.000, pero no menos de eso.

Posteriormente, los mensajes intercambiados entre ambas partes fueron facilitados al Ministerio Público y el 12 de noviembre se solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos, a cargo de Humberto Otazú, autorización para grabar las conversaciones telefónicas con los fiscales involucrados, tras lo cual se comprobó el pedido de coima.

A las 9:45 del 18 de noviembre, unos 100 billetes de G. 50.000, que totalizaban G. 5.000.000, fueron entregados en la oficina de ambos agentes, que luego fueron requisados por el Ministerio Público.

El hecho fue descubierto en flagrancia mediante un procedimiento encubierto, por el Ministerio Público y Agentes del Departamento Especializado contra Hechos Punibles y Financieros de la Policía Nacional.

 

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