El lunes pasado, el juez interino de garantías de Capitán Bado, Cristian Sánchez, se movilizaba en su vehículo por la ciudad, cuando empezó a ser seguido por hombres con aspecto de sicarios en motocicletas. Intentó evadirlos, pero la persecución se hizo más cerrada. Se refugió en una comisaría y pidió ayuda a los policías, quienes dudaron en salir a verificar a los perseguidores. Cuando finalmente lo hicieron, estos ya habían huido.

El juez prefirió no denunciar el hecho para proteger a su familia, pero informó a sus superiores. “Cuidate mucho”, fue la recomendación. No sabe de quiénes viene la amenaza, pero sospecha que tiene relación con la causa que heredó del anterior juez, Manuel Marcos Fernández, sobre el asesinato del ganadero brasileño Aguinaldo Correa Lemes, ocurrido el 18 de julio de 2019.

Por este crimen fue detenido como presunto autor intelectual el reconocido narcotraficante Gerardo Ramón Sánchez, alias Kela’i, pero el entonces juez Fernández lo dejó libre. Fernández fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y se designó como interino a Cristian Sánchez, quien era juez en Pedro Juan Caballero. Si bien ya estaba en una “zona caliente”, no se imaginó que iba a caer de la sartén al fuego.

El caso de Correa Lesme volvió al tapete en estos días, tras un violento atentado en la estancia que le quedó a su viuda, Sonia González Hetter, en Bado. La mujer contaba con la protección de dos policías, quienes al mediodía del miércoles 2 de diciembre fueron atacados por sicarios. El suboficial Carlos Antonio Flores Melgarejo resultó muerto y el suboficial Emilio Ramón Lugo quedó malherido.

Aunque el fiscal Hernán Mendoza cree que fue un ataque de abigeos, en Bado se sabe que es parte de la sorda guerra entre bandas de narcos, que incluye el enfrentamiento entre el actual intendente municipal, Denilson Sánchez, y su hermano, el ex diputado colorado Carlos Rubén Sánchez, más conocido como Chicharõ. Ambos estuvieron imputados y presos en el 2013 por lavado de dinero, eran socios y ahora son enemigos.

El 13 de noviembre, Diego Rotela, abogado de Chicharõ, fue asesinado por sicarios en motocicleta, cuando salía de la casa de su novia en el barrio San Miguel, de Bado. El 24 de noviembre, otro abogado, Ramón Rodrigo Ramoa, juez de faltas de la Municipalidad, empleado del intendente Denilson, fue asesinado por sicarios en motocicleta en el barrio San José.

A 426 kilómetros de Asunción, en la frontera seca con Brasil, Capitán Bado es una tierra encantadora del Amambay, con bellos paisajes, pero dominada cada vez más por la violencia criminal del narcotráfico.

El Gobierno construyó una funcional ruta asfaltada para unirla al resto del país, pero se olvidó de instalar también una presencia eficaz de fuerzas de seguridad y sistema de justicia. La policía, los fiscales y los jueces están rebasados ante los casi cotidianos ajusticiamientos. Solo tienen tres opciones: sucumbir a la corrupción, hacerse los desentendidos o arriesgarse a ser muertos.

Algo hay que hacer para frenar la escalada mortal del narcotráfico. Los pobladores de Capitán Bado no se merecen seguir viviendo en ese imperio sin ley.

Por Andrés Colmán Gutiérrez del diario Última Hora.