De acuerdo con los antecedentes, Sánchez comunicó a la Fiscalía General del Estado que el pasado 30 de marzo recibió, a través de un intermediario cuya identidad se mantiene en reserva, un mensaje atribuido al legislador investigado. En dicho mensaje se aludiría a posibles consecuencias sobre su permanencia en el cargo en caso de que decidiera recurrir una resolución que favorece al senador, lo que podría constituir un intento de presión directa sobre su labor.
El hecho genera preocupación debido a que se enmarca en una causa sensible, relacionada con la supuesta producción y uso de documentos públicos de contenido falso, y pone en entredicho las garantías para el ejercicio independiente de la función fiscal.
Ante esta situación, el fiscal general del Estado dispuso la activación inmediata de mecanismos de protección institucional para resguardar a la agente fiscal. Las medidas incluyen la evaluación del nivel de riesgo, la adopción de acciones de seguridad y el acompañamiento correspondiente, conforme a protocolos internacionales vigentes.
Desde el Ministerio Público indicaron que las actuaciones se mantienen bajo reserva, con el fin de proteger tanto la integridad de la fiscal como la confidencialidad del caso. Asimismo, se enfatizó que estas acciones buscan asegurar que los agentes puedan desempeñar sus funciones con autonomía, sin presiones ni interferencias externas.
El caso vuelve a poner en debate la independencia del sistema de justicia y las condiciones en las que fiscales y jueces llevan adelante investigaciones que involucran a figuras políticas.
Fuente: Judiciales.Net
