A través de la Resolución N° 12.677, la máxima instancia judicial fijó reglas claras para el uso de estas tecnologías, dejando en evidencia que su implementación no será irrestricta, sino que estará sujeta a controles estrictos y responsabilidades definidas para magistrados y funcionarios.
Uno de los ejes centrales de la normativa es que el uso de la IA no reemplaza la labor humana. En ese sentido, la Corte enfatiza que los jueces y operadores de justicia deben mantener el control y la participación activa en todos los procesos, garantizando que las decisiones continúen basándose en el análisis independiente, la legislación vigente y las pruebas del caso.
Asimismo, se establece como obligación informar a las partes cuando se utilicen sistemas de inteligencia artificial en la tramitación de expedientes, como parte de un principio de transparencia y justicia abierta. La normativa también prohíbe el uso de sistemas opacos o cuyo funcionamiento no pueda ser explicado, así como la atribución como propio de contenidos generados por herramientas de IA.
El documento aprobado por la CSJ delimita claramente los usos permitidos de estas tecnologías. Entre ellos, se destacan el apoyo en la investigación jurídica, el análisis de precedentes, la organización de información, la elaboración de borradores de documentos, la generación de resúmenes y la traducción de contenidos. También se contempla su aplicación en tareas administrativas, análisis de datos y mejora en la accesibilidad de los textos legales.
Sin embargo, la Corte fue categórica al establecer límites. Queda expresamente prohibido delegar en la inteligencia artificial la toma de decisiones en resoluciones judiciales o administrativas, así como automatizar procesos que puedan afectar derechos fundamentales. Además, se veta el uso de sistemas que generen discriminación, refuercen sesgos o limiten el acceso a la justicia.
En materia de igualdad, la normativa dispone que toda aplicación de IA debe garantizar un trato equitativo y sin discriminación, promoviendo incluso su uso para detectar patrones discriminatorios y facilitar el acceso a la justicia, especialmente para sectores vulnerables o hablantes de lenguas nativas.
Otro punto remarcado por la política de uso es la protección de datos personales. La resolución exige que los sistemas de inteligencia artificial implementados cuenten con mecanismos de seguridad que eviten accesos no autorizados, filtraciones o uso indebido de información confidencial. También se prohíbe el almacenamiento de datos en servidores externos sin garantías adecuadas y la manipulación de información sin base legal o consentimiento.
La CSJ también subraya la necesidad de que los sistemas utilizados sean transparentes en cuanto a su desarrollo, datos de entrenamiento, capacidades y limitaciones, de modo a garantizar la confianza pública en su uso dentro del sistema judicial.
Finalmente, la normativa impulsa el desarrollo de capacidades digitales dentro del Poder Judicial, instando a magistrados y funcionarios a capacitarse para comprender el alcance, los riesgos y las potencialidades de estas herramientas.
Con esta resolución, la Corte Suprema de Justicia sienta las bases para una incorporación responsable de la inteligencia artificial, apostando a su uso como herramienta de apoyo, sin perder de vista el rol central de la justicia.
Fuente: Judiciales.Net
