La amenaza de una huelga nacional de docentes en rechazo a cambios en la ley jubilatoria conocida como reforma de la Caja Fiscal, sumada a discrepancias entre gremios y al diálogo iniciado con autoridades gubernamentales, pone en jaque el arranque de las clases y plantea serios desafíos para las familias, estudiantes y el propio sistema educativo nacional.
Los sindicatos del sector educativo público han mostrado posturas contrapuestas sobre el inicio de clases en la fecha establecida. Por un lado, Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP A), ratificó en varias entrevistas y declaraciones públicas que "el 23 de febrero no van a iniciar las clases" y que los docentes se aprestan a iniciar una huelga nacional de duración indefinida. Esta medida de fuerza tendría como propósito presionar por una revisión profunda del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que los gremios consideran perjudicial para los educadores y sus condiciones jubilatorias.
Espínola también ha señalado que la decisión fue adoptada por varias organizaciones del magisterio tras una reunión intersindical, aunque admitió que no existe aún una fecha de término definida para la protesta y que su continuidad dependerá del avance de las negociaciones con el Parlamento.
Contrario a la postura de huelga total, Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), sostuvo que el inicio del ciclo lectivo "está garantizado en un 95%", siempre que no surja algún imprevisto de último minuto y con la condición de que se avance en el diálogo político. Piris enfatizó que tanto la FEP como otro gremio mayoritario configuran el grueso del sector y que existen semanas por delante para alcanzar consensos y evitar la paralización.
No obstante, dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) han matizado esta postura, aclarando que dependerán del avance real de las conversaciones con las autoridades en particular con la Cámara de Senadores y que no pueden garantizar oficialmente el inicio de clases si no hay progresos concretos que aseguren el tratamiento de sus reclamos.
Mesa técnica en el Senado y esperanza de acuerdo
Ante la presión de los gremios, la Cámara de Senadores convocó a una mesa técnica para el 18 de febrero que incluirá a representantes docentes y autoridades parlamentarias con el objetivo de debatir el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, cuya aprobación en la Cámara de Diputados fue postergada luego de protestas masivas de educadores y otros sectores. La idea de esta instancia es abrir espacios de diálogo que puedan dar certezas sobre las condiciones laborales y jubilatorias de los docentes antes de que se defina el inicio de clases.
En este marco, Espínola ha señalado que la huelga planteada no es una postura cerrada inmutable, sino una herramienta para incidir en el tratamiento de la reforma, dejando un margen para que el conflicto se resuelva si se logra un acuerdo en esa mesa técnica.
Contexto de protestas y presión social
Los últimos días de enero y principios de febrero estuvieron marcados por protestas masivas de docentes en distintos puntos del país, que llegaron incluso a movilizar a miles de educadores en Asunción. Estas movilizaciones fueron en rechazo al proyecto de reforma de la Caja Fiscal que e ntre otros aspectos propone cambios en la edad mínima y aportes para la jubilación del sector, medidas que los gremios consideran injustas y poco acordadas.
La aprobación en Cámara de Diputados del proyecto con media sanción generó críticas por la prisa en el proceso legislativo, según docentes que reclamaron que no hubo una mesa de diálogo técnico exhaustiva antes de su avance.
Gobierno y MEC: diálogo, advertencias y defensa del calendario escolar
Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), su titular el ministro Luis Ramírez ha sido claro en que el calendario educativo mantiene como fecha oficial el 23 de febrero como inicio del año lectivo y que el derecho a la educación de los niños y adolescentes no puede verse sacrificado por un conflicto sindical. Las autoridades han llamado al diálogo con los gremios y han advertido que, en caso de que no acompañen el inicio de clases, se analizarán y aplicarán las medidas administrativas y legales correspondientes.
Ramírez ha enfatizado que existen formas de protesta legítimas sin que estas afecten el ejercicio del derecho a la educación, y ha señalado la necesidad de encontrar soluciones que eviten perjudicar a las familias y estudiantes que esperan el regreso a las aulas.
La posibilidad de que no se inicien las clases el 23 de febrero preocupa a padres, estudiantes y directores de escuelas, ya que cualquier postergación implicaría ajustes en el calendario escolar, que por normativa establece un mínimo de jornadas lectivas obligatorio. Además del impacto académico, la apertura de escuelas suele estar acompañada de programas como el de alimentación escolar "Hambre Cero", que las autoridades han asegurado funcionará desde el primer día, aunque también enfrenta sus propias críticas por obras inconclusas y deficiencias en infraestructura.
Fuente: El Nacional
